España implementará nuevos controles para evitar multas de la Unión Europea por el incumplimiento de la directiva marco de residuos del 2009 (revisada en 2018). Esta norma exigía lograr un nivel de recuperación y reciclado del 50% -mediante el uso de contenedores para separar los residuos, big bag para escombros- de los desechos municipales en el 2020; pero esta meta no se ha alcanzado.
En este sentido, la Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción y ha enviado una carta de emplazamiento a España por no haber adaptado a tiempo esta directiva, según recoge la memoria que acompaña el referido proyecto de ley.
En respuesta a esta situación, el Gobierno ha acelerado la tramitación del proyecto de la nueva ley de residuos, que se debe aprobar antes del mes julio.
PROYECTO DE LEY DE RESIDUOS
En el Proyecto de Ley de Residuos se introducen diversas figuras de fiscalidad básicas, como una tasa municipal de residuos para el contribuyente.
El objetivo último es garantizar un buen manejo de la basura y propiciar mayores cotas de reciclado. Es que las herramientas para lograrlo, como los puntos limpios, las bolsas big bag para escombros o el alquiler de contenedores, están al alcance de todos los ciudadanos.
Por primera vez, los ayuntamientos españoles se verán obligados a implantar una tasa pública diferenciada y específica para la recogida y el tratamiento de los desechos domésticos municipales de su competencia.
Así lo recoge el proyecto de ley. Se busca también dotar de financiación suficiente a los municipios, algo que muchas veces no se da.
GRAVAMEN PARA EL VERTIDO Y LA INCINERACIÓN
El Gobierno ha aceptado también introducir en la futura ley un gravamen sobre el vertido y la incineración de los residuos (municipales, industriales, escombros, entre otros) para penalizar este tipo de tratamientos.
Este impuesto lo deberán pagar quienes lleven los residuos a estas instalaciones y con él se quiere provocar un efecto disuasorio, de manera que se tomen medidas para facilitar el reaprovechamiento de materiales y cumplir las directivas europeas, optando por la separación de restos in situ utilizando contenedores, bolsas big bag para escombros u otros recipientes fabricados para tal fin.
LA FALTA DE FISCALIDAD AMBIENTAL EXPLICA LOS RESULTADOS DE RECICLAJE
La aplicación de este gravamen ha sido reclamada por la Comisión Europea y por la Generalitat (que sí lo aplica) para evitar el “turismo de residuos” a comunidades que no lo tienen para ahorrar costes.
La falta de una fiscalidad ambiental explica los pobres resultados de reciclaje.
España ha incumplido los objetivos previstos en la Ley de Residuos del 2011 y en la directiva marco europea del 2009, revisada en el 2018. En ellas se establecía que antes de 2020, la cantidad de residuos domésticos y comerciales destinados a la reutilización y el reciclado “deberá alcanzar, en conjunto, como mínimo el 50% en peso”. Entre estos desechos se incluyen la fracción de la materia orgánica, papel, metales, vidrio, plástico y otras.
En el 2018 el reciclado se quedó en España en un 35%, y en el 2019, en el 34,8%.